El uso de la prisión preventiva oficiosa en los delitos electorales

Fernando Acosta Chávez

El Universal

Una de las novedades del pasado proceso electoral fue la aplicación de la prisión preventiva oficiosa por delitos asociados al uso de programas sociales con fines electorales. La discusión y aprobación de esta disposición estuvo marcada por distintas posturas, desde la celebración como medida a favor de la democracia hasta preocupación por las implicaciones negativas en cuestión de derechos humanos.

Además de las consideraciones anteriores, el seguimiento y evaluación de esta medida está pendiente. La efectividad de la prisión preventiva oficiosa en los delitos electorales no puede conocerse hasta el momento. La creciente inseguridad, la desconfianza y los altos índices de impunidad conforman algunos de los principales elementos que rodearon la aprobación de tal medida. Sin embargo, se requiere avanzar en discernir, con datos o evidencia, si esta nueva disposición ha permitido observar un menor número de delitos electorales.

Así como la evidencia es necesaria para evitar lesionar los derechos de las personas acusadas de la comisión de un delito, se requiere información del número de casos en los que se aplicó la prisión preventiva oficiosa y su posible relación con los delitos electorales que se cometen, para evaluar sus posibles efectos. Es aquí en que aparece una de las debilidades del tema, la escasa información disponible.

Un rápido examen de la información que publica la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, en su informe mensual de actividades que envía al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, indica que el tema de la prisión preventiva oficiosa no aparece. El informe más reciente al momento de escribir esta nota corresponde a abril de 2021. Ahí se reporta el total de carpetas de investigación iniciadas relacionadas con delitos electorales del fuero federal.